domingo, 29 de diciembre de 2013

Prescripción adquisitiva, Usucapión, jurisprudencia, Santiago del Estero



Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda de prescripción adquisitiva, por cuanto el demandante no invocó la accesión de su posesión a la de su cedente en base al contrato de cesión de acciones y derechos posesorios, produciendo, por el contrario, prueba de la coexistencia de ambas posesiones durante el plazo necesario para adquirir el dominio por prescripción -en el contrato se estipuló que la cesionaria, invocando el carácter de poseedora del inmueble desde hacía 25 años, transmitía al cedente la posesión del bien, libre de ocupantes-, lo cual se contrapone a la alegada posesión ininterrumpida por más de veintiún años y a la prueba ofrecida, y porque operaciones de mensura fueron aprobadas en el 2007 y las boletas de pago de impuesto se remontan al año 2003, no debiendo olvidarse que el pago de los impuestos, si bien es un modo de exteriorizar el animus, no constituye en sí un acto posesorio y por ello carece de entidad para demostrar el corpus posesorio, sin que la presunción del animus rem sibi habendi pueda ir más allá de las fechas mencionadas, o sea, que la intención de tener la cosa para sí, a lo sumo, se retrotrae a la época en que los pagos se hicieron efectivos y puede considerarse que constituyen diligencias preparatorias de los requisitos formales para promover el juicio de usucapión.

Por imperio de lo dispuesto por la Ley 14159 la prueba no puede ser exclusivamente testimonial, siendo menester que a través de prueba compuesta se acredite, en forma acabada y plena, que ha poseído efectivamente, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida y con animus domini durante el plazo legal.

Como la prescripción adquisitiva tiende a prevalecer sobre el título de propiedad, en el juicio de usucapión debe producirse la prueba en forma clara y convincente, sin dejar lugar a dudas de que realmente se ha tenido la posesión continua y efectiva del bien durante el lapso requerido por la ley, de un modo efectivo, en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño.

La expresión contenida en la escritura de cesión de derechos posesorios en el sentido de que el cedente ha detentado la posesión pública, pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño por un lapso determinado, no pasa de ser una simple manifestación sin valor probatorio en el juicio de usucapión.

martes, 22 de octubre de 2013

Interés: clases, funcionamiento y fórmulas.



1. Clases de interés
El interés es el lucro, retribución o renta o ganancia producido por un capital.
Se clasifican los intereses según diversos criterios que a veces se superponen. Además, los criterios clasificatorios en ciertos casos tienen que ver con conceptos que hacen a la procedencia y en otros con tasas o sus modos de cálculo.
Y, transcurrido siglo y medio aproximadamente desde las codificaciones comercial y civil, son todavía imprecisas las denominaciones indicativas de las distintas funciones del interés y se hace equívoca su aplicación.
2. Interés simple y compuesto
a) Interés simple
En el interés simple, el capital no muda y siempre se aplica la tasa sobre el capital inicial.
El interés simple es el de un capital sin agregarle ningún rédito vencido, aun cuando no se haya cobrado. Se dice que un capital produce interés simple cuando éste es directamente proporcional al capital inicial y al tiempo de duración de la operación [4].
La fórmula que permite resolver cualquier ecuación de interés simple, según se vayan colocando las incógnitas de cada uno de los elementos, es la siguiente:
Los componentes de la fórmula son:
I: interés.
C: capital.
r: razón o tanto por ciento, generalmente anual.
t: tiempo, generalmente expresado en años o fracciones de año.
u: fracciones en que se divide la unidad de tiempo.
Ejemplo:
Averiguar el interés que produce un capital de 300 unidades monetarias, al 12% anual, colocado durante un período de seis meses.
Ello, sumado al capital originario, da 318 unidades monetarias.
b) Interés compuesto
En el interés compuesto se reúnen periódicamente los intereses al capital, y la tasa se aplica en el próximo período sobre el nuevo capital. El período que se toma en cuenta para acumular los intereses al capital se
Ello, sumado al capital originario, da 309 unidades monetarias.llama "período de capitalización". El interés compuesto es el de un capital al que van acumulándose los réditos para que produzcan otros, por lo cual se habla de tasa acumulada.
Ejemplo:
El mismo capital de 300 unidades monetarias, colocado a interés compuesto, con capitalización trimestral, da un total de 318,27 según el siguiente cálculo:


Tal cantidad, sumada a la vez al capital originario, da el total de 318,27 unidades monetarias.
Esto significa un interés simple del 12,18% anual, según el siguiente detalle: Está pagando 18,27 unidades de interés (9 + 9,27) por 300 unidades de capital. La tasa real se obtiene dividiendo lo pagado por lo prestado, en el caso:
Como este dinero lo pagó por seis meses, la tasa anual se obtiene dividiéndola por 6 y multiplicándola por 12, con lo que se obtiene 12,18%.
En realidad, se hace el cálculo con la misma fórmula de interés simple, despejando la incógnita r.
El mismo capital de 300 unidades monetarias, colocado a un interés compuesto, con capitalización bimestral en lugar de trimestral, da un total de 318,36, según el siguiente detalle:
Ello, sumado al capital originario, da 306 unidades monetarias.
Tal cantidad, sumada a su vez al capital originario, da 312,12 unidades monetarias:
La nueva cantidad, sumada al capital originario, da un total de 318,36 unidades monetarias.
Esto significa un interés simple del 12,24%, anual, según el siguiente detalle: Está pagando 18,36 unidades de interés (6 + 6,12 + 6,24) por 300 unidades de capital. La tasa real se obtiene dividiendo lo pagado por lo prestado, en el caso:
Como este dinero lo pagó por 6 meses, la tasa anual se obtiene dividiéndola por 6 y multiplicándola por 12, con lo que se obtiene 12,24%. Volvamos a controlar el cálculo con la misma fórmula de interés simple, despejando la incógnita r.
Y así sucesivamente; si la capitalización es mensual, la cantidad total que resultará será la de 318,45 unidades, con lo que la tasa real será de 12,30%.
La fórmula que permite resolver cualquier ecuación de interés compuesto sin necesidad de ir calculando los diversos intereses simples para sumarlos, según se vayan colocando las incógnitas de cada uno de los elementos, es la siguiente:
Los componentes de la fórmula son:
A: capital más sus intereses (es decir C+I).
C: capital.
r: razón o tanto por ciento, generalmente anual.
n: tiempo generalmente expresado en años o fracciones de año, pero como es una potencia, se refiere a las veces en que se renueva la inversión.
Ejemplo:
El mismo capital de 300 unidades monetarias, colocado a interés compuesto, con capitalización trimestral, da un total de 318,27 unidades monetarias, según el siguiente detalle:
En la fórmula, donde dice r, en realidad primero hay que resolver:
Ello, por cuanto la fórmula:
se basa en la fórmula original de interés simple, quedando afuera:
debiéndonos atener a los restantes componentes: r, t, y u.
Se trata de una tasa de interés simple expresada en fracciones distintas al año:
- En los restantes ejemplos, tendríamos:
Al respecto, se ha decidido a nivel plenario que además de los supuestos establecidos en el texto legal positivo, existen otros en los que cabe la capitalización del interés devengado por un crédito cuyo obligado se encuentre en mora . En consecuencia, quedó establecido que la referencia a las tasas que emplea el Banco de la Nación no se limita al monto de los intereses, sino que comprende también la modalidad con que el cálculo se realiza, ya que de lo contrario quedaría desvirtuada la sustancia del sistema, entendiéndose que cuando el magistrado se remite a tasas de corto plazo, será fatal la liquidación del fruto con su capitalización, con la secuencia temporal utilizada por la entidad bancaria al emplear esa tasa en sus operaciones corrientes, y que esto no es, económicamente, la capitalización del artículo 623 del Código Civil sino que constituye simplemente la recepción en justicia de los efectos implícitos desde el primer momento en la concurrente aplicación de los artículos 632 del Código Civil y 565 del Código de Comercio .
La reforma legal al artículo 623 del Código Civil en cuanto al anatocismo es de relevancia, pues antes decía "no se deben intereses de los intereses sino por obligación posterior, convenida entre deudor y acreedor, que autorice la acumulación de ellos al capital..." y ahora admite que "no se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes..." Ello dio lugar a que se dijera que hasta la palabra anatocismo es vieja . También a que se atacara la reforma por insuficiente, dado que sólo corre la capitalización cuando existe convención de acumulación de los intereses al capital, dejando en desventaja a quien no lo pactó .
De ahí que no puede considerarse que la capitalización de intereses admitida de por sí conlleve una consecuencia patrimonial inaceptable para los deudores, y que si bien la obligación no puede superar ciertos extremos, los deudores a estos fines deben practicar una cuenta alternativa a fin de demostrar en forma concreta el perjuicio que les causa el modo de liquidar la deuda . Es que, dado que el artículo 623 del Código Civil luego de la reforma impuesta por la ley 23.928, autoriza la capitalización de intereses cuando éstos han sido pactados, cabe considerar que tal convención no puede ser dejada de lado por los jueces, so pena de caer en la arbitrariedad, salvo que la misma comprometa el orden público o las buenas costumbres. Por ende, se requieren fundados motivos para resolver de manera distinta a la pactada.
No obstante, hay que tener cuidado con los límites a la capitalización, dado que el mecanismo -en forma disimulada pues las tasas no impresionan de por sí- puede llevar a cifras exorbitantes. De tal modo, no cabe la capitalización si en el caso particular conlleva una consecuencia patrimonial inadmisible para el deudor que trascienda el límite de la moral y las buenas costumbres . Ello es especialmente predicable de la tasa de capitalización diaria, que se ha dado en llamar "capitalización continua". Se apunta que el interés continuo se da cuando la capitalización se hace continuamente y sin que medien períodos finitos entre una capitalización y otra. La diferencia entre el interés compuesto y el interés continuo se hace más apreciable cuanto mayor es el tiempo de la capitalización, ya que en el interés continuo la capitalización es permanente. Las planillas computadorizadas que la generalidad de los bancos presentan a juicio reflejan tasas que permanecen estables durante varios períodos de tiempo y parecen tasas normales en sus respectivas fechas. Pero lo que no permanece estable es el capital, en una formulación matemática que da lugar a enormes y exorbitantes diferencias .
Sobre el punto, un tribunal ha dicho que la capitalización de intereses es procedente; mas la capitalización diaria es tanto como admitir que el banco, a lo largo de los años, cada día ha obtenido un cliente dispuesto a pagar los altísimos intereses que se han aplicado, y ello sin gasto alguno administrativo, ya que no hay empleados a quienes pagar, contabilidades que llevar, ni papelería que llenar (todo es pura ganancia); que la aplicación de intereses con capitalización diaria resulta lesiva a los artículos 953 y 1071 del Código Civil y obliga a disponer su morigeración sobre la base de que los mismos no superen, en conjunto, el resultado que se obtendría de actualizar el capital originario al 31 de marzo de 1991 y sumar a ello los importes resultantes de liquidar sobre tal capital intereses a una tasa del 18% anual a partir del 1° de abril de 1991, y que, con referencia al importe sumado de capital e intereses obtenido, se liquidarán intereses con la ya aludida tasa del 18% anual .

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que los agravios suscitan cuestión federal para su consideración en la vía extraordinaria cuando cabe invalidar lo resuelto con menoscabo de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, al haberse apartado el tribunal de la realidad económica del caso y haber desatendido las consecuencias patrimoniales de su fallo, si la sentencia -por remisión al fallo plenario dictado en la causa "Uzal c/Moreno"- convalida la capitalización permanente y en breves lapsos y lleva una consecuencia patrimonial equivalente a un despojo del deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y buenas costumbres .

lunes, 30 de septiembre de 2013

Vereda o camino en mal estado

 Bressan, María Eugenia vs. Administración 

de Parques y Zoológico s. Daños y perjuicios


Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Administración de Parques y Zoológico demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado que la condena a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la actora a raíz de la caída que sufriera al introducir su pie izquierdo en un pozo o hueco que se encontraba oculto por el pasto. Ello así, pues si bien es cierto que las instalaciones del parque provincial, dada su naturaleza no resultan exentas de ciertas anormalidades, los testigos han sido contestes en que no se trataba de una simple depresión en el terreno, sino de un pozo que era bastante profundo y que se encontraba tapado con chépica. Tal circunstancia, constituye sin duda alguna una cosa riesgosa (párr. 2, art. 1113, Código Civil), más aún en las circunstancias donde se produjo el hecho, donde la cantidad de personas que asisten a la fiesta de la vendimia hace imposible tomar recaudos a los asistentes para verificar el estado del terreno.

Mendoza Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario

viernes, 27 de septiembre de 2013

Ley 8145 Mendoza


Mendoza, 19 de febrero de 2010
B.O.: 4/10/10 (Mza.)
Provincia de Mendoza. Dto.-Ley 326/56 y Dto. 7.979/56. Empleados del servicio doméstico.
Objeto
Art. 1 – La presente ley regula las facultades provinciales en lo relativo a las/los empleados domésticos de la provincia, que se encuentren comprendidos en el Dto. 326/56 y su Dto. reglamentario 7.979/56, o los que en su defecto los modifiquen o sustituyan. Será autoridad competente, para la aplicación y control del cumplimiento de la legislación en la materia, la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, y en los Departamentos las delegaciones de dicho organismo.
Obligaciones del/la empleado/a doméstico/a
Art. 2 – Las/los empleados domésticos comprendidos en la presente ley deberán gestionar la libreta sanitaria, con las características que determinará la reglamentación respectiva, que le será expedida por la oficina pertinente.
La libreta sanitaria contendrá:
a) Datos de filiación, número de C.U.I.L. y fotografía del empleado/a doméstico/a.
b) El domicilio del empleado/a y la firma de éste.
c) La constancia de si padece alguna enfermedad y, en su caso, la determinación de la misma.
d) Cualquier otro requisito que exija el organismo que la emita.
Art. 3 – Para obtener la libreta sanitaria pertinente, el/la trabajador/a doméstico/a presentará a la oficina administrativa encargada de su expedición los siguientes documentos:
a) Certificado de buena conducta, expedido por la autoridad policial respectiva; cuyo otorgamiento para el/la empleado/a doméstico/a será gratuito.
b) Documento de identidad personal.
c) Número de C.U.l.L.
d) Dos fotografías tipo carnet.
e) Certificado médico otorgado por organismo público que ratifique su aptitud laboral.
Esta libreta sanitaria deberá ser renovada anualmente por el/la empleado/a doméstico/a.
Art. 4 – En cumplimiento de los arts. 2 y 3 precedentes, autorízase a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, o a quien la reemplace, a realizar la impresión de la libreta sanitaria, con los requisitos dispuestos en los artículos referidos.
Del procedimiento administrativo
Art. 5 – Previo a la interposición de la denuncia, deberán las partes en forma voluntaria intentar una conciliación ante el Cuerpo de Mediadores de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.
Si se lograra la conciliación se labrará acta en la que constarán los términos del acuerdo, elevándola para su homologación ante el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.
Si no se lograra el acuerdo, las partes no concurrieran o peticionaran que se de por concluida esta etapa, se labrará acta dejando constancia de los motivos que determinaron la imposibilidad de solución. El testimonio del acta de fracaso conciliatorio será imprescindible para iniciar las actuaciones ante este organismo administrativo.
Art. 6 – El procedimiento será sumario. Todos los plazos señalados en esta ley son improrrogables y perentorios. Su vencimiento produce la pérdida del derecho dejado de usar sin necesidad de petición de parte ni declaración alguna, y la autoridad competente, haciendo efectivo el apercibimiento, deberá proveer directamente lo que corresponda.
Art. 7 – Si el actor concurrirere sin patrocinio letrado, la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia le proveerá uno, quien deberá asistirlo en todas las etapas del proceso en sede administrativa.
Art. 8 – La demanda contendrá un pormenorizado relato de los hechos y se interpondrá por escrito, acompañada de tantas copias como personas sean las demandadas, y contendrá:
a) El nombre, domicilio real, legal, edad, estado civil y profesión u oficio del demandante.
b) Domicilio del demandado.
c) La designación de lo que se demande y los hechos en los que se funda.
d) El ofrecimiento de todos los medios de prueba acompañando los documentos que obran en su poder e individualizando los que no pueda presentar, mencionando su contenido y lugar en que se encuentren.
De la demanda
Art. 9 – Se dará traslado con copia de la misma al demandado por el término de cinco días, dentro del cual deberá contestar y ofrecer toda la prueba que haga a su derecho. La contestación contendrá en lo aplicable los requisitos exigidos para la demanda.
Art. 10 – Del escrito de contestación de demanda se dará traslado al actor por el término de cinco días, para ampliar su prueba respecto a los hechos nuevos introducidos por el demandado.
Art. 11 – En el decreto que se ordena el traslado de la demanda se fijará fecha, para que previamente a la sustanciación de la prueba se lleve a cabo una segunda audiencia de conciliación, la que deberá ser impuesta para el mismo día de la sustanciación. Dicha audiencia deberá ser notificada conjuntamente a ambas partes.
Art. 12 – Contestada la demanda, o vencido el término legal para hacerlo, y habiendo fracasado la audiencia de conciliación previa, se ordenará la sustanciación de las pruebas ofrecidas por ambas partes.
Art. 13 – Incumbe a cada litigante aportar la prueba de los hechos que invocó y que no fueron reconocidos por la contraria y realizar los actos útiles tendientes a su producción. El ofrecimiento de prueba testimonial está limitado a cinco testigos por el actor e idéntico número por el demandado.
Art. 14 – Si el litigante no efectuara los actos útiles para la producción de la prueba, la autoridad competente, de oficio o a petición de la contraria, lo emplazará por cédula, por el término de tres días y por una sola vez, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la prueba sin más trámites y sin necesidad de declaración alguna. Vencido el plazo sin que se haya sustanciado la prueba, caducarán las pruebas no producidas automáticamente.
Art. 15 – Los incidentes que se promuevan durante la producción de la prueba se sustanciarán en la siguiente forma:
a) Se correrá traslado a la contraparte por el término de tres días, en ese acto si se plantea en alguna de las audiencias de prueba.
b) Se oirá a las partes, y se producirán las pruebas que se ofrecieron al plantear o contestar el incidente, debiendo resolver el mismo juntamente con la resolución de la causa.
Art. 16 – Las nulidades de procedimiento se declararán a petición de parte. Cuando el vicio afecte el derecho de defensa, restrinja la prueba o produzca un perjuicio irreparable, podrá declararse de oficio.
Art. 17 – En lo pertinente a la producción de la prueba se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil.
Art. 18 – Producida la prueba, las partes podrán alegar por escrito a cuyo efecto cada una dispondrá de un plazo de cinco días y de acuerdo con las reglas del art. 208 del Código Procesal Civil. Concluida dicha etapa quedarán las actuaciones en estado de resolver, debiendo dictarse la resolución respectiva dentro de los seis días siguientes de que quede en estado el proceso, previo dictamen de Asesoría Legal, quien deberá expedirse en el término de diez días.
Art. 19 – Las acciones prescribirán si no se impulsare su desarrollo dentro del término de dos años, desde la última actuación útil, a tal fin que conste en el expediente. En este plazo no se excluyen los días inhábiles.
La prescripción podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte.
Art. 20 – El pedido de prescripción se sustanciará con un traslado a la contraria por el término de tres días y se resolverá, siendo dicha resolución apelable.
Art. 21 – La prescripción no puede ser renunciada ni prolongados expresamente sus plazos.
Art. 22 – El desistimiento realizado por el trabajador de acciones y derechos deberá efectuarlo personalmente en el proceso administrativo, o en el proceso de apelación, o ratificarlo con posterioridad, y requerirá su homologación.
Art. 23 – La resolución dictada por el organismo competente, conforme lo establecido en esta ley, podrá ser apelada ante el Tribunal de Trabajo de la respectiva jurisdicción, dentro de los diez días de notificada la misma.
Art. 24 – El recurso deberá fundarse ante la Cámara del Trabajo, en el término común de cinco días a contar desde la notificación del decreto dictado a tal fin. Idéntico término regirá para contestar agravios.
Art. 25 – Al expresar o contestar agravios los litigantes podrán proponer medidas de prueba sólo en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de documentos de fecha posterior a la oportunidad de ofrecer prueba en la primera instancia.
b) Cuando se alegue algún hecho nuevo, con posterioridad a la etapa de ofrecimiento de prueba en primera instancia.
c) Cuando en primera instancia se hubieran rechazado medios de prueba, bajo protesta de quien los ofreció.
d) Cuando por motivos no imputables al solicitante no se hubieran sustanciado en la instancia administrativa alguna prueba ofrecida oportunamente.
Art. 26 – La Cámara de Trabajo dictará sentencia dentro de los seis días posteriores a la presentación de las fundamentaciones de los recursos, o de vencido el plazo para hacerlo, o de producida la prueba aceptada por el Tribunal.
Art. 27 – Queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda el veinte por ciento (20%) del monto que le corresponde percibir al actor, en cada caso, requiriéndose ratificación personal de tal convenio y su correspondiente homologación judicial.
Todo pago sin observar lo prescripto en este artículo, el pacto de cuota litis, o desistimiento no homolagos, serán nulos de pleno derecho.
Art. 28 – Derógase por medio de esta ley toda disposición en contrario.
Art. 29 – Remuneraciones:
a) Serán de aplicación, en el ámbito de toda la provincia de Mendoza a partir de la promulgación de la presente ley, las categorías profesionales y escala salarial para cada una de ellas que elabore la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.
b) La escala salarial mencionada en el inciso anterior será reajustada anualmente mediante resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, o el organismo que la reemplace, teniendo en consideración, el índice de salarios y Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Art. 30 – De forma.

viernes, 16 de agosto de 2013

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.


SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.http://www.oas.org/dil/images/pointline.gif

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969
 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)
PREÁMBULO
 Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
 Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
 Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
 Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
 Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
 Han convenido en lo siguiente:
 PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS
CAPITULO I - ENUMERACIÓN DE DEBERES
 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos
 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
 Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
 Artículo 4.  Derecho a la Vida
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.
 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
 Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre
 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
 a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.  Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
 b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
 c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
 d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
 Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
 Artículo 8.  Garantías Judiciales
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
 Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad
 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Artículo 10.  Derecho a Indemnización
 Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
Artículo 15.  Derecho de Reunión
 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Artículo 16.  Libertad de Asociación
 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Artículo 17.  Protección a la Familia
 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
Artículo 18.  Derecho al Nombre
 Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Artículo 19.  Derechos del Niño
 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad
 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.
 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada
 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia
 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la
legislación de cada Estado y los convenios internacionales.
 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
Artículo 23.  Derechos Políticos
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Artículo 24.  Igualdad ante la Ley
 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 25.  Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
 CAPITULO III
 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 26.  Desarrollo Progresivo
 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
 CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION 
Artículo 27.  Suspensión de Garantías
 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Artículo 28.  Cláusula Federal
 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
 3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.
Artículo 29.  Normas de Interpretación
 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Artículo 30.  Alcance de las Restricciones
 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos
 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.
 CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS 
 Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 
 PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCIÓN
 CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
 Artículo 33.
 Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:
 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.
CAPITULO VII 
LA COMISIÓN INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS
 Sección 1.  Organización
Artículo 34
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.
Artículo 35
 La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 36
 1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.
 2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.
Artículo 37
 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años.  Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.
 2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.
Artículo 38
 Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.
Artículo 39
 La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.
Artículo 40
 Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.
Sección 2.  Funciones
Artículo 41
 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:
 a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
 b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
 c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
 d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
 e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
 f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
 g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 42
 Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
Artículo 43
 Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.
 Sección 3.  Competencia
Artículo 44
 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.
Artículo 45
 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.
 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración.
 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.
 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.
Artículo 46
 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
 a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
 b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
 d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.
 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:
 a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
 c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
 Artículo 47
 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
 a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
 b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
 c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
 d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.
Sección 4.  Procedimiento
Artículo 48
 1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
 a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación.  Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;
 b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación.  De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;
 c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;
 d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación.  Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;
 e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
 f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
 2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.
Artículo 49
 Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.  Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda.  Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.
Artículo 50
 1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.  También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.
 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.
 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.
Artículo 51
 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.
 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.
CAPITULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS
 Sección 1.  Organización
Artículo 52
 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
Artículo 53
 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
 2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.
Artículo 54
 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez.  El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años.  Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.
 2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.
 3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.  Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.
Artículo 55
 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.
 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
 5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de duda, la Corte decidirá.
Artículo 56
 El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
Artículo 57
 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.
Artículo 58
 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.  Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
 2. La Corte designará a su Secretario.
 3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.
Artículo 59
 La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte.  Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.
Artículo 60
 La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su Reglamento.
Sección 2.  Competencia y Funciones
Artículo 61
 1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.
Artículo 62
 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.
 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.
Artículo 63
 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.
Artículo 64
 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
Artículo 65
 La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior.  De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
Sección 3.  Procedimiento
Artículo 66
 1. El fallo de la Corte será motivado.
 2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.
Artículo 67
 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Artículo 68
 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.
Artículo 69
 El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 70
 1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional.  Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
 2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 71
 Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.
 Artículo 72
 Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones.  Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá introducirle modificaciones.
Artículo 73
 Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos.  Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.
 PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
 CAPITULO X
FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA,  ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA
Artículo 74
 1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.
 2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor.  Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
 3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 75
 Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
Artículo 76
 1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.
 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 77
 1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
 2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.
Artículo 78
 1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.
 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 Artículo 79
 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.
Artículo 80
 La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros.  Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos.
Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81
 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.
Artículo 82
 La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes.  Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que
determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.